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Sistemas de cuidados: la política pública que reconoce quién sostiene la vida



Cuidar a niños, a personas mayores o con discapacidad es un trabajo indispensable, y en América Latina lo hacen sobre todo las mujeres, sin pago. Durante décadas se trató como un asunto privado de las familias. En los últimos años, varios gobiernos han empezado a tratarlo como lo que es: un pilar del bienestar que requiere servicios, financiamiento y reglas.


Uruguay fue pionero. Su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en marcha desde 2014-2015, estableció el cuidado como el cuarto pilar de la protección social, junto con salud, educación y seguridad social, y consagró en la ley el derecho a cuidar y a ser cuidado. Según la OIT, es el primer sistema de este tipo en la región. Tiene un Plan Nacional de Cuidados 2021-2025, presentado en julio de 2021, con un modelo de corresponsabilidad entre familias, Estado, comunidad y mercado. Uruguay logró la mayor cobertura de educación en menores de tres años de la región, además de asistentes personales para personas en situación de dependencia, un rubro en el que, según CEPAL, era el único país que había legislado.


Hay otros modelos. Costa Rica opera la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Un análisis comparativo publicado en la revista del CLAD estudió cinco sistemas: tres nacionales (Chile, Uruguay y Costa Rica) y dos locales, el de Bogotá, en Colombia, y el de San Pedro Garza García, en México. Concluye que cada sistema, al privilegiar ciertos instrumentos de política, delimita los objetivos que puede alcanzar, de modo que no existe una fórmula única. En el plano multilateral, Naciones Unidas incorporó el cuidado como eje transversal en sus marcos de cooperación con México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay, con la meta de un Sistema Nacional de Cuidados en Colombia en el periodo 2024-2027.


La razón de fondo es de justicia y de economía. Los cuidados sostienen la vida, la economía y la sociedad: sin ellos, las economías se paralizarían, dijo un evento de la ONU en el que participó la directora de cuidados de Uruguay, que insistió en que los cuidados son un derecho humano. Reconocerlos permite redistribuir una carga que hoy recae desproporcionadamente en las mujeres y que limita su participación laboral.


Los obstáculos son institucionales y fiscales. Una nota de la CEPAL, más antigua, señalaba que, aunque 18 países de la región tenían leyes sobre licencias de maternidad, solo diez definían servicios de cuidado para la primera infancia, y que solo Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú habían legislado sobre el trabajo de cuidados no remunerado. La comisión subrayó que estas políticas demandan una institucionalidad específica, sólida y con recursos asignados. Sin presupuesto estable, el derecho se queda en declaración.


El tema, además, se vincula con el envejecimiento poblacional: la demanda de cuidados de largo plazo crecerá. Los proponentes sostienen que invertir en cuidados genera empleo y reduce desigualdades; los escépticos advierten sobre costos y sobre el riesgo de crear sistemas sin financiamiento. Lo que muestran las experiencias es que el diseño importa: qué se cubre, quién paga y cómo se coordina. La pregunta ya no es si los cuidados son política pública, sino cómo construir sistemas que duren.


Fuentes: CLAD (Reforma y Democracia); OIT (Portal Global Care Policy); CEPAL; Diario Financiero; ONU México; Iberoamérica Mayores; BID (política de cuidados en América Latina). 

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