El Gobierno de México ha comenzado un proceso de investigación contra líderes de organizaciones religiosas que, bajo estructuras de culto, habrían incurrido en diversas prácticas ilícitas durante los últimos años. Entre las agrupaciones señaladas destacan La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová, cuyos dirigentes han sido vinculados, dentro y fuera del país, con delitos que van desde abuso sexual hasta lavado de dinero y coacción estructural contra sus miembros.
En el caso de La Luz del Mundo, la situación ha sido especialmente grave. Su líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en 2022 por una corte de California a más de 16 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en varios cargos de abuso sexual contra menores. Este hecho marcó un escándalo de alcance internacional. A pesar de esa condena, en octubre de 2023, la justicia estadounidense abrió un nuevo proceso en su contra por presunta producción y posesión de pornografía infantil, lo que podría derivar en una sentencia aún más severa.
En México, a raíz de estos antecedentes, las autoridades han reactivado investigaciones internas que involucran a colaboradores de alto nivel dentro de la iglesia, así como a organizaciones vinculadas a sus actividades económicas. Según reportes confidenciales de inteligencia, existen líneas de investigación abiertas por posible trata de personas, manejo opaco de donativos millonarios y utilización de fundaciones para encubrir movimientos financieros de dudosa procedencia.
Por su parte, los Testigos de Jehová, aunque sin una figura centralizada acusada penalmente en México, enfrentan una revisión exhaustiva de sus prácticas internas. Las autoridades han recibido reportes sobre encubrimiento de denuncias de abuso sexual, restricciones impuestas a miembros que desean denunciar delitos, e incluso patrones de aislamiento social promovidos desde su doctrina que podrían contravenir principios de protección a menores y adultos vulnerables.
Aunque no se han presentado cargos formales contra representantes de esta organización en el país, el historial internacional de señalamientos en su contra, especialmente en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, ha motivado que la Secretaría de Gobernación y otras dependencias federales coloquen a esta comunidad bajo observación permanente.
Una encuesta especializada en percepción de instituciones religiosas, realizada en 2024 por un centro independiente de estudios sociales, reveló que el 63% de los consultados considera necesario que el Estado mexicano audite y supervise con mayor rigor a las agrupaciones religiosas que concentran poder económico y social.
Lejos de ser un episodio aislado, esta ofensiva institucional responde a un patrón creciente de presión pública por parte de colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos. Las investigaciones pretenden determinar si estas estructuras religiosas operan como refugios para el crimen o si han sido utilizadas como vehículos de impunidad.
Desde Palacio Nacional se ha reiterado que el respeto a la libertad de culto no implica tolerancia frente a delitos. La consigna es clara: ninguna religión puede estar por encima del Estado de derecho.
En las próximas semanas, se espera que se hagan públicos los primeros resultados formales de estas investigaciones. Se anticipa el congelamiento de cuentas bancarias, citaciones ministeriales, aseguramiento de propiedades y una revisión a fondo de los marcos legales que han permitido que algunas organizaciones operen con opacidad bajo el amparo de la fe.
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