Aunque actualmente busca la presidencia municipal, Mario Riestra enfrenta desde 2021 una investigación por su presunta complicidad en el desvío de 102 millones de pesos en el ayuntamiento que ahora pretende gobernar.
La Auditoría Superior del Estado descubrió que a través de factureras, el actual aspirante a alcalde simuló operaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado.
La pesquisa se detuvo temporalmente debido a que la trama de corrupción también alcanzó al propio Auditor Francisco Romero Serrano, quien fue remitido a prisión por supuestamente filtrar la investigación a los cómplices del desfalco. El exfuncionario habría dejado el penal en octubre del año pasado solo para acudir al funeral de su madre.
En febrero de 2021, la Auditoría presentó ante la Fiscalía General del Estado la investigación que señalaba a Riestra Piña como presunto culpable de diversas violaciones penales.
La denuncia contra Mario Riestra, en su punto 3, expresa: “al no cumplir con lo encomendado, (Mario Riestra) trajo como consecuencia la inobservancia de la ley, con el único objeto de causar detrimento al erario público, a través de conductas reiteradas y en contubernio de diversos funcionarios”.
Desde su posición como secretario general del ayuntamiento, se habría colaborado para simular servicios mediante 98 empresas fantasma, según la Auditoría, cobrando por servicios no ejecutados. El desfalco asciende a la exacta suma de 102,179,339 pesos.
A pesar de estas acusaciones, Mario Riestra es el virtual candidato de la coalición PRI, PAN, PRD a la presidencia municipal de Puebla.
Su anterior posición en dicho cargo entre 2014 y 2016 le otorgó un profundo conocimiento de los alcances presupuestarios del ayuntamiento, al que ahora aspira a gobernar.
Sin embargo, estas aspiraciones han generado preocupación en el sector público, ya que la investigación de la auditoría documentó su presunta responsabilidad penal en asociación delictuosa, fraude y otros delitos.
La investigación sobre el candidato del frente (PRI, PAN, PRD, PSI) no avanzó debido a circunstancias políticas relacionadas con otro acto de corrupción.
Según informaciones periodísticas, Francisco Romero Serrano habría filtrado a los imputados el expediente de investigación para que pudieran defenderse legalmente, lo que lo implicó en esta trama de corrupción y le mantiene en prisión.
Pero además sobre Romero pesaban otros ilícitos que la manteien en prisión: su nombramiento no fue respaldado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
La primera acusación contra Romero Serrano implica el supuesto cobro de comisiones en los contratos de auditoría externa.
Según Milenio Diario, de los 87 despachos externos autorizados por la ASE para llevar a cabo auditorías, solo nueve lograron firmar contratos con 42 entidades públicas para examinar sus cuentas.
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