La Fiscalía General del Estado de Puebla ya trabaja de manera formal en la integración de una carpeta de investigación en contra de Luis Alberto y Juan Carlos Díaz Villar, junto con su madre, María Celia Villar, señalados por un fraude millonario que dejó a su paso al menos ocho familias afectadas en el fraccionamiento Club de Golf Las Fuentes y otras zonas de la capital.
El caso ha comenzado a escalar jurídicamente. Las víctimas entregaron a la autoridad copias de pagarés sin sustento, cheques rebotados y facturas inexistentes de automóviles que nunca pertenecieron a los acusados, entre ellos un Nissan Versa 2001, una Volkswagen Tiguan 2020 y una Audi Q3 2022. La Fiscalía confirmó que se analizan los documentos para corroborar su falsedad y tipificarlos como pruebas de fraude y falsificación.
El fraude con rostro de confianza
Los relatos de los afectados coinciden: los préstamos iniciaban con 150 mil pesos, bajo la promesa de que serían devueltos tras la venta de una bodega supuestamente heredada. Sin embargo, en cuestión de semanas las cantidades se disparaban hasta alcanzar los 600 mil y, en algunos casos, superar el millón de pesos.
La estrategia de la familia Díaz Villar no solo se sostenía en documentos falsos, sino en el vínculo personal de más de dos décadas que mantenían con empresarios y residentes de la zona. “No solo nos defraudaron económicamente, nos robaron la confianza de una amistad de 20 años”, relató una de las víctimas.
La manipulación emocional también jugó un papel central. En cada reunión, María Celia Villar rompía en llanto alegando problemas médicos graves, apelando a la solidaridad de quienes, por años, la habían considerado amiga cercana. Esta táctica, repetida en varias ocasiones, sirvió para presionar la entrega de más préstamos.
El peso de la ley
Los especialistas en derecho penal consultados por este medio señalan que las conductas encajan en tres delitos tipificados en el Código Penal de Puebla:
- Artículo 403 (fraude): sanciona a quien engaña para obtener un lucro indebido.
- Artículo 270 (falsificación de documentos): castiga la elaboración y uso de documentos falsos.
- Artículo 407 (abuso de confianza): se configura cuando se dispone para beneficio propio de bienes entregados bajo custodia o administración.
En conjunto, estas conductas podrían derivar en penas de 3 a 12 años de prisión, además de la obligación de reparar el daño patrimonial causado a las familias afectadas.
Las denuncias avanzan
Actualmente, tres familias ya preparan una denuncia conjunta para demostrar el carácter reiterado y sistemático del fraude, un elemento que podría agravar las sanciones. Otras víctimas, que en un principio intentaron recuperar el dinero mediante acuerdos directos, ahora también se inclinan por la vía judicial tras constatar que los acusados han cambiado de residencia y círculo social para evadir responsabilidades.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la Fiscalía ha comenzado a recabar testimonios, contratos y documentos falsificados. El objetivo es reunir un expediente sólido que permita solicitar la vinculación a proceso en los próximos meses.
Un fraude que trasciende lo privado
Más allá de la pérdida económica, este caso revela cómo los lazos de amistad y la confianza construida en espacios sociales exclusivos como el Club de Golf Las Fuentes fueron utilizados como arma para despojar a familias enteras de su patrimonio.
De prosperar las denuncias, este podría convertirse en un precedente jurídico en Puebla, evidenciando que el fraude emocional y la manipulación social son tan destructivos como cualquier otro delito patrimonial.
“Ya no es solo un incumplimiento, es un engaño planeado con premeditación. Queremos que paguen por todo el daño que han causado”, enfatizó una de las víctimas que participa en la denuncia colectiva.
La advertencia está hecha: ya van por ellos, y los testimonios junto con las pruebas acumuladas podrían ser suficientes para que la justicia alcance a la familia Díaz Villar.
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