En el departamento peruano de Madre de Dios, las dragas que remueven el lecho de los ríos en busca de oro pasaron de unas 140 en 2021 a más de 1.600 en 2025, según el Observatorio de Minería Ilegal del Perú. La deforestación acumulada por esta actividad en la Amazonía peruana alcanza ya unas 139.000 hectáreas, y la minería ilegal se ha extendido a nueve regiones del país, afectando a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas. La Unidad de Inteligencia Financiera peruana calculó que la actividad movió más de 3.300 millones de dólares entre 2024 y 2025. Perú no es una excepción: la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las mayores amenazas para la selva amazónica y para quienes viven en ella.
El fenómeno atraviesa toda la cuenca. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) identificó en su primer mapa regional miles de puntos de minería no autorizada en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, la invasión de decenas de miles de mineros ilegales en el territorio indígena yanomami provocó en 2023 una emergencia sanitaria, con niños muriendo por desnutrición y malaria, que llevó al gobierno de Lula da Silva a lanzar una operación militar para expulsarlos. En Venezuela, el llamado Arco Minero del Orinoco, creado por el gobierno en 2016, se ha convertido en una zona controlada en buena medida por grupos armados. En Ecuador y Colombia, las organizaciones criminales y las disidencias guerrilleras financian parte de sus operaciones con el oro.
El motor es económico. El precio internacional del oro ha alcanzado máximos históricos en los últimos años, impulsado por la incertidumbre global y las compras de los bancos centrales. Para miles de personas en regiones pobres y sin oportunidades, la minería ofrece ingresos muy superiores a los de cualquier otra actividad. Para las redes criminales, el oro es además un instrumento ideal para lavar dinero: es fácil de transportar, difícil de rastrear y se puede mezclar con producción legal antes de exportarse a refinerías de Suiza, Emiratos Árabes Unidos o India.
El costo ambiental y sanitario es enorme. Además de talar la selva y destruir los cauces, los mineros usan mercurio para separar el oro, que termina en los ríos y se acumula en los peces. En comunidades del Bajo Putumayo, en Perú, el 97 % de las personas evaluadas tenía niveles de mercurio superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y el pescado vendido en los mercados de Iquitos supera los límites permitidos. El mercurio afecta el sistema nervioso y es especialmente dañino para niños y mujeres embarazadas. A esto se suman la violencia, la trata de personas y la explotación sexual que suelen acompañar a los campamentos mineros, y el asesinato de defensores ambientales e indígenas que se oponen a la actividad.
Las respuestas estatales oscilan entre la represión y la formalización. Perú creó en 2012 un registro para que los mineros informales se formalicen, pero el proceso se ha prorrogado una y otra vez sin resultados, y sus críticos sostienen que sirve como escudo legal para actividades ilegales. Las operaciones militares logran destruir dragas y campamentos, pero los mineros suelen regresar cuando las fuerzas se retiran. Los especialistas coinciden en que hace falta atacar toda la cadena: controlar el comercio de mercurio, rastrear el origen del oro que compran las refinerías y los países importadores, perseguir el lavado de dinero y ofrecer alternativas económicas reales en las zonas afectadas.
La minería ilegal muestra cómo una selva que regula el clima del planeta se convierte en botín de economías criminales globalizadas. Detenerla no depende solo de los países amazónicos, sino también de quienes compran, refinan y atesoran ese oro.
Fuentes: Observatorio de Minería Ilegal del Perú (vía Energiminas, diciembre de 2025); Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; RAISG; Mongabay Latam; Actualidad Ambiental; Gobierno de Brasil (emergencia yanomami, 2023); InSight Crime.
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