La crisis global de vivienda y las políticas que los países están probando para resolverla

Uno de cada tres personas en el mundo carece de una vivienda adecuada, y más de 1,100 millones viven en asentamientos informales: la cifra más alta jamás registrada, según el Informe sobre las Ciudades del Mundo 2026 de ONU-Hábitat. La crisis, advierte el organismo, ya no puede entenderse solo como un problema humanitario, sino como un desafío económico, político y ambiental de primer orden.

El diagnóstico es compartido en casi todas las regiones, aunque con matices locales: los precios de la vivienda han crecido mucho más rápido que los ingresos promedio de los hogares, empujados por el costo del suelo urbano, los materiales de construcción y sistemas de gobernanza de la tierra fragmentados. En la Unión Europea, los alquileres subieron en promedio 27.8% entre 2010 y 2025, con incrementos que superan el 200% en países como Estonia. El Banco Europeo de Inversiones calcula que la UE necesitaría 2.25 millones de viviendas adicionales, casi 50% más de lo que actualmente está en construcción.

Frente a este panorama, distintos países están probando modelos que ofrecen pistas —no soluciones únicas— sobre qué funciona. El caso más citado internacionalmente es Viena, donde casi 60% de la población vive en vivienda pública, un parque construido durante más de un siglo y financiado con impuestos sobre bienes de lujo; el acceso no está restringido a familias de bajos ingresos, sino que se asigna también por criterios de edad y tamaño familiar, lo que evita la estigmatización típica de la "vivienda social" en otros países. En el Reino Unido, un modelo de alquiler social basado en organizaciones privadas intermediarias garantiza a los propietarios protección frente a impagos y a los inquilinos de bajos ingresos acceso a rentas asequibles, un esquema que el País Vasco español ha adaptado con su Programa Bizigune. En Colombia, programas de incentivos fiscales han logrado atraer inversión privada significativa para el desarrollo de vivienda urbana asequible mediante asociaciones público-privadas.

ONU-Hábitat insiste en que ninguna de estas medidas funciona de forma aislada: la construcción de más vivienda debe ir acompañada de una planificación urbana que integre infraestructura, resiliencia climática y participación de las comunidades locales, además de una regulación más firme de los alquileres y una mejora en la gobernanza del suelo. La relatoría especial de la ONU sobre pobreza extrema ha planteado incluso medidas más radicales, como el ingreso básico universal o la reducción de la jornada laboral, como parte de un cambio más profundo en las políticas de desarrollo.

El reto de fondo, señalan los organismos internacionales, no es solo técnico sino de prioridad política: mientras la vivienda siga tratándose como un producto financiero más que como un derecho humano garantizado, es probable que los precios sigan subiendo más rápido que los salarios en la mayoría de las grandes ciudades del mundo.

Fuentes: Noticias ONU, Euronews, Prensa Latina, Parlamento Europeo, El Orden Mundial, Habitat for Humanity.