Rafael Micalco Méndez y el grupo político encabezado por Claudia Rivera Vivanco coinciden en un mismo objetivo: atacar el Cablebús antes de que se convierta en una realidad y comience a producir beneficios sociales, reconocimiento público y rentabilidad política para el gobernador Alejandro Armenta Mier y su equipo.
La disputa, por tanto, no parece limitarse al impacto ambiental, la transparencia o la planeación urbana. Tiene un componente político evidente: evitar que el Cablebús fortalezca el legado de Alejandro Armenta y proyecte a su grupo rumbo a las elecciones de 2027 y, posteriormente, a la sucesión estatal de 2030.
Sin embargo, tanto Micalco como Rivera arrastran expedientes de corrupción y desfalco. El diputado local del PAN defraudó a sus correligionarios vendiéndoles a sobreprecio terrenos escondidos en la sierra norte. En tanto, Rivera Vivanco cometió un desfalcó por más de 821 millones de pesos cuando fue alcaldesa, según la ASE. Voces empresariales y sociales le calificaron como la peor alcaldesa de la historia. Justo por ello, perdió su reelección en 2021 frente a Eduardo Rivera.
El Panista que defraudó a sus correligionarios
Rafael Micalco ha encabezado desde el Congreso los cuestionamientos sobre el proyecto. El 17 de marzo presentó un punto de acuerdo para exigir la comparecencia del coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, y solicitar información sobre los estudios, la operación y las condiciones financieras del sistema. Durante la comparecencia posterior volvió a cuestionar la responsabilidad institucional, las tarifas, los costos de operación y los subsidios que requerirá la obra.
Cuestionar una inversión pública es una obligación legítima de cualquier legislador. El problema aparece cuando quien pretende colocarse como fiscalizador arrastra un expediente interno por presuntas irregularidades patrimoniales cometidas dentro de su propio partido.
Durante los últimos meses de 2015, cuando presidía el Comité Directivo Estatal del PAN, Micalco participó en la adquisición de 15 terrenos destinados supuestamente a la construcción de comités municipales. En 11 de esos predios, el partido desembolsó un millón 44 mil pesos, pese a que un avalúo presentado posteriormente estimó su valor conjunto en 310 mil 561 pesos. La diferencia señalada como posible quebranto ascendió a 733 mil 439 pesos.
El caso llegó a la Comisión Anticorrupción del PAN, dentro del expediente CA/010/PUE/2017. El órgano partidista emitió una resolución que consideró acreditadas conductas calificadas internamente como actos de corrupción y planteó una sanción contra Micalco. Sin embargo, la determinación quedó atrapada en los procedimientos y disputas internas de Acción Nacional. Micalco impugnó el proceso, negó haber cometido fraude y no existe una sentencia penal firme que lo declare responsable de algún delito.
La ausencia de una condena penal debe quedar claramente establecida. Pero también resulta imposible borrar el origen del señalamiento: no surgió del gobierno de Alejandro Armenta ni de sus adversarios externos, sino de militantes y órganos internos del propio PAN.
La peor alcaldesa de la historia
Claudia Rivera Vivanco ha encontrado fortuna en la política de la protesta. Su círculo político también ha participado activamente en la resistencia al Cablebús. Su hermana, la regidora Mayte Rivera, se abstuvo durante la votación para entregar en comodato cuatro predios municipales destinados a las estaciones. Exfuncionarios de la administración riverista, entre ellos Armando Pliego Ishikawa, han encabezado foros, movilizaciones y campañas críticas contra el proyecto. Finalmente, el Cabildo aprobó el comodato con 17 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
La exalcaldesa tampoco llega a esta discusión con un historial administrativo limpio. La Auditoría Superior del Estado detectó en su cuenta pública de 2020 observaciones relacionadas con un posible daño patrimonial por aproximadamente 822 millones de pesos. Entre los rubros cuestionados se encontraban apoyos sin comprobar, obras, programas durante la contingencia sanitaria, pagos, artículos de limpieza y remuneraciones superiores a los tabuladores.
Las observaciones de una auditoría no equivalen automáticamente a una sentencia ni permiten afirmar jurídicamente que Rivera Vivanco cometió un delito. No existe una condena penal firme en su contra por esos montos. Sin embargo, el expediente administrativo y político existió, fue públicamente documentado y obligaba a la exadministración municipal a aclarar el destino y comprobación de los recursos.
Fuentes políticas consultadas coinciden en que ambos episodios fueron mucho más que simples invenciones mediáticas. Sostienen que las irregularidades ocurrieron, aunque las negociaciones partidistas, los procedimientos administrativos y la falta de resoluciones definitivas impidieron que los casos terminaran en consecuencias penales. Esta versión forma parte del contexto político, aunque jurídicamente debe mantenerse la presunción de inocencia de ambos personajes.
Frente a esos antecedentes, el contraste con el Cablebús es inevitable. El Gobierno del Estado sostiene que el proyecto está respaldado por más de 70 estudios técnicos, financieros, ambientales, urbanos y de movilidad, además de un análisis costo-beneficio elaborado conforme a la metodología de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El sistema contempla cuatro líneas, nueve nodos de transferencia y un recorrido total de 14.58 kilómetros. La inversión contratada asciende a 6 mil 752 millones 949 mil 56 pesos y registra un avance financiero de 32.55 por ciento. De acuerdo con las proyecciones oficiales, beneficiará directa e indirectamente a 774 mil personas usuarias y reducirá el trayecto más largo de 100 a 44 minutos.
También se proyecta una disminución anual superior a 18 mil 500 toneladas de dióxido de carbono, así como gratuidad para niñas y niños de educación básica, personas adultas mayores y personas con discapacidad. El rediseño del trazado redujo de 980 a 77 el número de árboles que eventualmente requerirían algún tipo de intervención.
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