Una operación inmobiliaria realizada mientras Luis Navarro García ya encabezaba la Secretaría de Finanzas de Michoacán se encuentra entre los elementos centrales del análisis patrimonial incorporado a las denuncias presentadas contra el funcionario: la adquisición de un terreno de aproximadamente 1,127 metros cuadrados, cuyo valor es ubicado alrededor de los 6 millones de pesos.
De acuerdo con la documentación aportada para esta investigación, la operación se habría realizado en diciembre de 2022, poco más de un año después de que Navarro asumiera la Secretaría de Finanzas y Administración. El Gobierno de Michoacán confirma institucionalmente que ocupa ese cargo desde el 1 de octubre de 2021.
El monto de la operación es el elemento que ha colocado el inmueble dentro del análisis sobre la evolución de su patrimonio. Los aproximadamente 6 millones de pesos atribuidos a la adquisición equivaldrían a más de cuatro veces los ingresos anuales de aproximadamente 1.4 millones de pesos que el propio análisis patrimonial calcula para Navarro en 2023. Esa comparación, sin embargo, no demuestra por sí misma una irregularidad, pues una adquisición inmobiliaria puede financiarse mediante créditos, patrimonio previo u otras fuentes lícitas de recursos.
Precisamente por ello, la ruta documental resulta fundamental. El terreno no debe presentarse aisladamente como evidencia de enriquecimiento ilícito: forma parte de una investigación más amplia que busca reconstruir ingresos, financiamiento, pasivos y movimientos patrimoniales. Hasta el momento, no contamos con una resolución judicial que determine que la adquisición de ese inmueble haya sido ilegal.
Pero para el funcionario encargado de administrar las finanzas de Michoacán, la operación abre una interrogante que sus adversarios pueden explotar políticamente: ¿de dónde provinieron exactamente los recursos utilizados para adquirir un terreno valuado en aproximadamente 6 millones de pesos?
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