Desde que El Salvador instauró un régimen de excepción en marzo de 2022, la estrategia de seguridad de Nayib Bukele, basada en detenciones masivas, megacárceles y suspensión de garantías, se convirtió en una de las marcas políticas más influyentes de la región. Según El País, el país encerró a más de 70.000 personas en su primera legislatura y desarticuló a las pandillas. Ese éxito aparente generó una pregunta que atraviesa la política latinoamericana: ¿se puede copiar?
El interés es amplio. Infobae contó que gobernantes, legisladores o candidatos de Honduras, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú y Guatemala expresaron interés en adaptar parte de la estrategia, mientras en Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Jamaica y Haití el tema se volvió referencia de campaña. En Honduras, el vicepresidente del Congreso pidió en mayo de 2026 instruir a la policía y al ejército para adoptar sus estrategias, aunque el ministro de Seguridad aclaró que el país desarrolla un modelo propio. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ordenó construir dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el CECOT, tras visitas oficiales a esa prisión.
Pero la evidencia de réplica es débil. La organización InSight Crime concluyó que ningún país ha conseguido igualar los resultados de El Salvador, y atribuye el fenómeno a un poder sin precedentes concentrado por el gobierno de Bukele, que facilitó medidas excepcionales. Un ensayo del Journal of Democracy sostiene que el éxito no se explica solo por la intensidad del operativo, sino también por consecuencias no buscadas de un pacto entre las pandillas y el gobierno, y que los intentos de imitarlo en Honduras y Ecuador probablemente fracasen con altos costos para la democracia, la seguridad y los derechos humanos. La investigadora Sonja Wolf, autora de un libro sobre la mano dura salvadoreña, advirtió que en realidad no se trata de un modelo replicable.
Los críticos van más lejos. Medios y organizaciones señalan que en Ecuador las tasas de homicidios siguen elevadas y que Honduras, que declaró estados de excepción desde fines de 2022, no muestra una reducción sostenida. También recuerdan que el descenso de la violencia en El Salvador comenzó antes de que Bukele llegara al poder, un punto que sus partidarios discuten. La experiencia, subrayan, depende de instituciones, de la naturaleza del crimen organizado y de la capacidad del Estado.
Del otro lado está la popularidad. Un estudio publicado en 2026 en Latin American Policy comparó percepciones de inseguridad en Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay. En Ecuador, la ciudadanía se mostró más dispuesta a replicar el modelo pese a sus costos en derechos humanos y democracia; en Uruguay, el respaldo se moderó por la desconfianza hacia el autoritarismo, y la mayoría rechazó la mano dura. En otras palabras, el atractivo político depende del nivel de miedo y de la memoria autoritaria de cada sociedad.
Lo que queda es una tensión conocida: seguridad inmediata frente a garantías a largo plazo. Para sus defensores, las medidas excepcionales devolvieron a la gente la tranquilidad en las calles. Para sus detractores, el costo en detenciones arbitrarias y debilitamiento institucional es demasiado alto, y no hay garantía de que funcione donde las instituciones son más débiles. Los datos sugieren que la discusión regional se parece menos a una receta que a una competencia política por quién promete más firmeza.
Fuentes: Infobae (El Salvador); InSight Crime (vía Infobae); Wiley / Latin American Policy; El Ciudadano; Resumen Latinoamericano; Journal of Democracy (Johns Hopkins, Project MUSE); Harvard International Review; Hoy en El País (TheTVDB).
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