A finales de los años ochenta, en Porto Alegre, al sur de Brasil, un gobierno municipal encabezado por el Partido de los Trabajadores hizo algo inusual: permitió que los vecinos decidieran directamente cómo se gastaría una parte del presupuesto de la ciudad. Se llamó presupuesto participativo y, en pocas décadas, la idea viajó por el mundo. Hoy se aplica en ciudades, barrios, condados y hasta en agencias nacionales, desde Nueva York y Chicago hasta París y Madrid.
La expansión ocurrió por oleadas. Primero se extendió por Brasil, promovida por una red de organizaciones y por el propio partido. Después la adoptaron gobiernos de diversas orientaciones y organismos internacionales, y decenas de países incluyen el presupuesto participativo en sus compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hay equipos técnicos que apoyan a ciudades en distintos continentes, como el portal Decide Madrid, y en Norteamérica el Participatory Budgeting Project brinda herramientas y asistencia.
La pregunta es si funciona. Las mejores pruebas vienen de Brasil. Los politólogos Michael Touchton y Brian Wampler estudiaron más de cien programas en los municipios más grandes del país y encontraron que el presupuesto participativo se asocia con mejoras en salud, en particular con una reducción de la mortalidad infantil. Un trabajo de Sónia Gonçalves de 2014, publicado en World Development, llegó a conclusiones similares sobre el efecto en el gasto municipal y en la mortalidad infantil. En 2020, Touchton y Wampler confirmaron que su uso reduce la mortalidad infantil de forma sustancial, y más aún cuando el programa está institucionalizado.
Los efectos dependen de cómo se diseña. Los municipios que destinan más recursos por habitante al proceso ejecutan más proyectos y tienen un mayor impacto en la mortalidad infantil que los que asignan menos. Ciudades como Belo Horizonte y Porto Alegre llegaron a asignar decenas de millones de dólares al año. Wampler y Touchton hallaron además que la regla original de dirigir recursos a zonas desatendidas produce mejores resultados de bienestar, pero esa condición se ha diluido a medida que el modelo se difunde.
Hay además señales de cautela. La organización Open Government Partnership señala que, mientras la práctica gana popularidad en el mundo, en Brasil, donde hay más datos locales, parece estar en declive. La propia Porto Alegre terminó eliminando su programa tras una década de lento deterioro. Los efectos también pueden tardar años en aparecer, y fuera de Brasil la evidencia cuantitativa es menor, por lo que no se conoce con precisión el impacto a largo plazo de este tipo de gasto. Entre las críticas figuran que el modelo puede reducirse a gestos simbólicos si se somete a votación solo una fracción mínima del presupuesto, que los participantes no siempre son representativos, y que los gobiernos que lo adoptan pueden diferir de los que no, lo que dificulta atribuir causalidad. Sus defensores responden que, aun cuando los efectos sean modestos, el proceso fortalece a la sociedad civil, mejora la comprensión de las finanzas públicas y puede aumentar la rendición de cuentas.
El matiz es que el presupuesto participativo no es una receta única: un mismo nombre cubre ejercicios con montos, reglas y alcances muy distintos. La evidencia sugiere que funciona mejor cuando el proceso es institucionalizado, tiene recursos relevantes y prioriza a las zonas con más necesidades. Para América Latina, que lo inventó, la pregunta ya no es si participar es deseable, sino cómo evitar que se convierta en un trámite sin consecuencias.
Fuentes:
- Open Government Partnership, serie sobre presupuesto participativo (evidencia, difusión y transformaciones)
- Touchton, M. y Wampler, B. (2020), "Public engagement for public health", Development in Practice 30(5):681-686
- Gonçalves, S. (2014), "The effects of participatory budgeting on municipal expenditures and infant mortality in Brazil", World Development 53:94-110
- Boise State University / University of Miami (perfiles de los autores) y People Powered
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