En América Latina, la crisis climática ya no es una discusión de futuro sino una presión cotidiana sobre el Estado: el calor extremo está reescribiendo la política pública desde un ángulo incómodo, porque no se administra como un desastre puntual, sino como un fenómeno recurrente, acumulativo y desigual. A diferencia de la inundación que deja un registro visible, el calor mata y enferma “en silencio”: incrementa mortalidad cardiovascular y respiratoria, eleva el riesgo laboral, empeora la calidad del aire y tensiona infraestructura crítica (agua y electricidad). La pregunta pública no es si las ciudades “se adaptarán”, sino quién paga el costo biológico de no hacerlo.
El problema es profundamente latinoamericano: urbanización acelerada, desigualdad territorial, vivienda informal, poca vegetación urbana, y redes eléctricas y sanitarias con brechas históricas. En ese contexto, el calor opera como un impuesto regresivo: afecta más a quienes viven en zonas con isla de calor urbana, trabajan al aire libre o no pueden costear enfriamiento. Es, en términos de justicia, un caso claro donde la política pública debe combinar infraestructura, salud, regulación laboral y focalización social, no solo campañas.
1) El punto de política: el calor como riesgo sistémico (no “clima”)
El enfoque clásico de protección civil responde a eventos agudos. El calor extremo exige otra lógica: gestión del riesgo crónico.
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Riesgo sanitario: más hospitalizaciones, golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades crónicas.
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Riesgo laboral: caída de productividad, accidentes, y mortalidad en sectores como construcción, agricultura, logística y comercio informal.
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Riesgo energético: picos de demanda eléctrica, fallas de red, encarecimiento del servicio y exclusión por “pobreza energética”.
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Riesgo urbano: materiales y diseño que amplifican calor (asfalto, techos, densidad sin sombra).
El diagnóstico que subraya el IPCC es consistente: el calentamiento incrementa frecuencia e intensidad de extremos térmicos y amplifica impactos en ciudades, con efectos desiguales según vulnerabilidad social (IPCC, 2022). La OMS también ha documentado que el calor extremo es un riesgo creciente para salud pública y requiere planes específicos, no generalidades (World Health Organization, 2021).
2) ¿Por qué no es “un tema de siempre”?
Porque cambia el centro de gravedad de la política pública: obliga a pasar de “mitigación” abstracta a adaptación material medible. Y obliga a coordinar áreas que normalmente trabajan separadas: salud, desarrollo urbano, trabajo, energía, agua y protección social.
Además, introduce un dilema político nuevo: regular el calor es regular el tiempo y el espacio urbano. Implica tocar intereses (desarrolladores, concesiones, patrones de trabajo, tarifas eléctricas, ordenamiento del suelo).
3) Paquete de políticas: qué se hace cuando el Estado se lo toma en serio
A) Salud pública: del “consejo” al sistema
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Planes de acción por olas de calor con umbrales de alerta (temperatura + humedad), protocolos clínicos y comunicación segmentada (no solo “tome agua”).
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Vigilancia epidemiológica de impactos por calor (mortalidad, urgencias, enfermedades asociadas).
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Red de “centros de enfriamiento” (escuelas, bibliotecas, centros comunitarios) para población sin condiciones térmicas en casa.
B) Ciudad y vivienda: enfriar el entorno, no solo a la persona
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Sombra y arbolado urbano priorizado por mapas de vulnerabilidad (no por estética).
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Techado frío (cool roofs) y materiales de menor absorción térmica en vivienda social, escuelas y hospitales.
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Normas de construcción y rehabilitación: ventilación cruzada, aislamiento, sombreaderos, y estándares mínimos térmicos en vivienda.
C) Trabajo: derechos térmicos (una frontera regulatoria emergente)
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Protocolos obligatorios de pausas, hidratación y horarios en actividades al aire libre o con exposición térmica elevada.
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Umbrales de suspensión/ajuste por índice de calor (no discrecionales).
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Inspección laboral real y sanciones: sin enforcement, es papel.
D) Energía y protección social: evitar que “enfriarse” sea un lujo
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Tarifas sociales o subsidios temporales durante olas de calor para hogares vulnerables.
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Eficiencia energética como política social: apoyo a ventilación, aislamiento, equipos eficientes, microclimas.
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Gestión de picos: protocolos para evitar apagones en zonas críticas (hospitales, refugios, escuelas).
4) Dos preguntas guía para una nota de investigación (en clave LATAM)
1) ¿Quiénes cargan el calor?
No basta con promedios de temperatura. La investigación debe mapear:
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colonias con mayor isla de calor,
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acceso a agua, sombra y ventilación,
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empleo informal y exposición laboral,
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mortalidad y urgencias por calor por zona.
La desigualdad térmica es medible, y ahí está el ángulo de políticas públicas.
2) ¿Qué se financia y qué se “anuncia”?
El calor extremo es terreno fértil para la política cosmética: campañas de “recomendaciones” sin presupuesto. El criterio duro:
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presupuesto asignado vs ejecutado,
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obras en territorio (árboles, techos fríos, centros de enfriamiento),
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número de inspecciones laborales realizadas,
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indicadores de salud pública comparables año con año.
5) Riesgos políticos y efectos no intencionales
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Gentrificación climática: mejoras térmicas (arbolado, parques, infraestructura) pueden elevar rentas y desplazar población vulnerable si no hay medidas de vivienda.
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Desigualdad por energía: si la respuesta es solo “aire acondicionado”, se profundiza pobreza energética y estrés de red.
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Criminalización del espacio: “refugios de enfriamiento” mal diseñados pueden excluir a personas en calle o migrantes bajo lógicas securitarias.
El calor extremo es una prueba de Estado: evidencia si la política pública puede operar más allá del discurso. En América Latina, gobernar el calor significa aceptar que la adaptación no es un capítulo “verde”, sino un conjunto de decisiones distributivas: quién recibe sombra, quién recibe agua, quién puede parar de trabajar cuando el índice de calor se vuelve peligroso, y quién tiene un lugar seguro para enfriarse. No es un tema de transporte público; es más incómodo: exige rediseñar la ciudad y el trabajo para que la vida cotidiana siga siendo habitable.
Referencias
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Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Sixth Assessment Report, Working Group II). Cambridge University Press.
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World Health Organization. (2021). Heat and health: Key facts (and related technical guidance on heat–health action plans). World Health Organization.
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Watts, N., et al. (2023). The 2023 report of the Lancet Countdown on health and climate change: the imperative for a health-centred response in a world facing irreversible harms. The Lancet.
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