La intervención en Venezuela viola el Derecho Internacional. No lo digo como consigna, sino como punto de partida: el uso de la fuerza y la captura de un jefe de Estado en su territorio rompen el principio de soberanía y la prohibición general del uso de la fuerza salvo excepciones muy acotadas. Ese dato, por sí solo, debería incomodar a cualquiera que todavía crea que el orden internacional sirve para algo más que justificar al vencedor.
Al mismo tiempo, Nicolás Maduro encabezó un régimen autoritario con un historial documentado de represión, persecución política y violaciones graves de derechos humanos. Esa realidad también existe, y negarla por reflejo “antiimperialista” no es rigor: es autoengaño. Que un gobierno sea abusivo no convierte automáticamente en legítima cualquier acción externa para removerlo, pero sí vuelve moralmente insuficiente la postura de quien pretende reducir todo a un simple “no intervención” sin mirar a las víctimas.
La salida de Maduro, por sí misma, abre una puerta. No garantiza el retorno a la democracia, no limpia las instituciones, no recompone la economía ni cura el tejido social. Cambiar a la figura en la cima puede ser condición necesaria para iniciar una transición, pero no es condición suficiente para construir un Estado funcional. Lo que viene después —el reparto del poder, la reconstrucción institucional, el control civil de fuerzas armadas, la justicia, la reinserción internacional— es donde se decide si el país sale del ciclo o solo cambia de capítulo.
En esa tensión aparece el cuarto elemento: Estados Unidos no actúa en el vacío moral, actúa con intereses. La operación no solo puede leerse como “liberación” de un pueblo o “castigo” a un dictador: también encaja en una lógica de reordenamiento estratégico donde el petróleo y los minerales críticos pesan como palanca de influencia. El mensaje implícito es claro: la transición política se administra con condiciones, y el acceso a recursos puede convertirse en el lenguaje real del nuevo arreglo.
Por eso este fenómeno no es lineal. La intervención puede ser ilegal y, a la vez, el régimen removido puede haber sido criminal. Puede existir una oportunidad para democratizar y, al mismo tiempo, un enorme riesgo de captura del proceso por intereses externos o por élites internas recicladas. Se puede celebrar el fin de una etapa represiva y, simultáneamente, denunciar el precedente que deja una potencia actuando fuera de las reglas que dice defender.
En el debate público, la tentación es escoger una sola narrativa: “imperialismo” o “salvación”, “dictador” o “soberanía”, “democracia” o “colonialismo”. Esa simplificación es cómoda porque evita pensar. Pero es falsa. Las capas se acumulan, y lo trágico de Venezuela es precisamente que muchas de ellas son ciertas a la vez: represión interna, fractura institucional, crisis humanitaria, disputa energética, competencia global y un orden internacional que se degrada cuando el poder decide sustituir al derecho.
Si algo deberíamos aprender es esto: el mundo no es una caricatura de dos dimensiones. La política internacional rara vez ofrece finales limpios. Ofrece dilemas sucios. Y la única postura madura es la que puede sostener dos ideas sin romperse: que la legalidad importa —porque sin legalidad manda la selva— y que la dignidad humana importa —porque sin dignidad la legalidad se vuelve coartada.
Fuente: Chatham House (4–6 de enero de 2026); Brookings (5–7 de enero de 2026); OHCHR / Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (18 de marzo de 2025; 3 de enero de 2026); Le Monde (5 de enero de 2026); Reuters (20 de enero de 2026); El País (20–21 de enero de 2026); The Guardian (7–20 de enero de 2026); ICC – Situaciones Venezuela I y II; House of Commons Library (6 de enero de 2026).
0 Comentarios