Desde la escuela hasta la conversación de café, la intuición parece obvia: un país con petróleo, gas o minerales debería tener más margen para financiar bienestar, infraestructura y estabilidad. Pero la evidencia comparada lleva décadas describiendo un fenómeno menos intuitivo y más oscuro: la maldición de los recursos. No es que la riqueza natural “condene” por sí sola; es que, bajo ciertas instituciones, la renta —dinero fácil y concentrado— tiende a convertirse en captura, clientela y, en el peor de los casos, conflicto.
Richard Auty acuñó el concepto para explicar por qué economías intensivas en recursos pueden exhibir peores trayectorias de desarrollo que economías con bases productivas más diversificadas. Michael L. Ross, en su análisis sobre petróleo, sintetiza el mecanismo político: cuando una porción alta de ingresos públicos proviene de rentas extractivas, los gobiernos dependen menos de gravar a sus ciudadanos y, por tanto, enfrentan menos presión para rendir cuentas; al mismo tiempo, esa renta financia redes de lealtad y aparatos de coerción que sostienen arreglos de poder aun cuando la economía real se deteriora.
El punto crucial es que “recursos” no equivale a “prosperidad”. Depende de cómo se gobierna la renta: quién la controla, cómo se reparte, qué incentivos crea y qué violencia habilita. Incluso la medición oficial muestra que lo que se llama rentas de recursos naturales es, en esencia, la diferencia entre precio y costo de extracción; cuando ese diferencial es grande y se concentra, se vuelve un botín político de primer orden.
Concesiones y regalías: el poder está en el diseño
La captura empieza antes de que salga el primer barril o el primer lingote. Empieza en el diseño de concesiones, regalías, exenciones y mecanismos de fiscalización. Los contratos y marcos regulatorios deciden si la renta se convierte en inversión pública verificable o en un flujo opaco que financia intermediarios. Cuando las reglas incluyen criterios ambiguos, discrecionalidad en permisos, y esquemas de transparencia débiles, el resultado típico no es “ausencia de Estado”, sino un Estado selectivo: duro con quien no tiene poder, flexible con quien lo tiene.
En América Latina, este patrón se observa en distintas versiones: petróleo que alimenta centralización y dependencia fiscal (el caso venezolano es el ejemplo canónico), minería con conflictos territoriales y disputas por legitimidad (Andes), y economías regionales donde la renta se traduce en control local de sindicatos, alcaldías, policías o intermediarios que administran “paz” a cambio de lealtad.
Cuando la renta entra, también entra el conflicto
La literatura del Banco Mundial sobre recursos y conflicto pone el acento en un punto que el debate público suele simplificar: los recursos no “causan” por sí solos la guerra, pero aumentan riesgos y pueden prolongar conflictos al financiar coerción y endurecer disputas por control territorial. En clave institucional, la renta convierte el territorio en premio: controlar un puerto, una ruta, una aduana informal, un sindicato o una zona de extracción no es solo poder; es caja.
Ross resume tres dimensiones recurrentes del “curse”: peor desempeño económico, más autoritarismo y mayor probabilidad de violencia organizada en ciertos contextos; lo importante es que estos vínculos se observan como asociaciones robustas en múltiples estudios, aunque no sean inevitables ni mecánicos.
¿Quién controla la renta: empresa, élites locales o crimen?
Aquí conviene abandonar la explicación monocausal (“las empresas”, “los políticos”, “el crimen”) y mirar el triángulo real:
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Empresas: control técnico, capacidad legal, poder de negociación, diseño de contratos y de estándares.
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Élites locales: control territorial y electoral; administran permisos sociales, empleo, obra pública y mediación del conflicto.
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Crimen organizado (en contextos específicos): control de rutas, extorsión, “impuestos” informales, protección y captura de eslabones logísticos.
Lo decisivo es qué instituciones arbitran ese triángulo. Si hay transparencia fiscal, auditoría real, justicia operativa y mecanismos de consulta con dientes, la renta puede financiar desarrollo. Si predominan opacidad, discrecionalidad y coerción informal, la renta se convierte en combustible de captura.
La pregunta que incomoda
La maldición de los recursos no es un destino; es un diagnóstico sobre incentivos. Por eso, la pregunta correcta no es “¿tenemos recursos?”, sino “¿qué instituciones convierten renta en bienestar en lugar de convertirla en conflicto?”. Porque cuando la renta manda, la política deja de ser competencia por proyectos y se vuelve competencia por caja. Y cuando el botín es estructural, el conflicto deja de ser anomalía: se vuelve método.
Referencias
Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Routledge.
Bannon, I., & Collier, P. (Eds.). (2003). Natural resources and violent conflict: Options and actions. World Bank.
Ross, M. L. (2012). The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.
World Bank. (n.d.). Total natural resources rents (% of GDP) (NY.GDP.TOTL.RT.ZS). World Development Indicators.
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