En América Latina, la informalidad no es solo un rasgo del mercado laboral: es una condición política que encarece casi todo lo que el Estado intenta hacer. Recaudar cuesta más porque la base fiscal es estrecha y móvil; regular cuesta más porque buena parte de la actividad económica opera fuera del radar; gobernar cuesta más porque la autoridad se vuelve intermitente y negociada. La región sigue cargando con un dato que debería leerse como diagnóstico institucional: en el primer semestre de 2025, 46.7% del empleo fue informal, “casi uno de cada dos” trabajadores.
El institucionalismo comparado ayuda a explicar por qué este patrón se vuelve persistente. Cardoso y Faletto mostraron que el desarrollo latinoamericano se configuró en trayectorias donde el Estado, las élites y los mercados se articularon bajo dependencia externa y coaliciones internas específicas; esa historia no determina el presente, pero sí fija restricciones y “costumbres” institucionales: quién paga, quién recibe, quién negocia, quién queda afuera. Mahoney, desde un enfoque de larga duración, insiste en que los arreglos coloniales y poscoloniales dejaron legados institucionales diferenciados en la región; las reglas y capacidades estatales no emergen de cero, se heredan y se reajustan con costos. En ese marco, la informalidad no es “falla moral” ni simple evasión: es un equilibrio histórico donde muchos actores aprenden que salirse del sistema es, a menudo, más racional que entrar a él.
¿Qué incentivos sostienen esa informalidad? Primero, el incentivo de salida: cuando el Estado ofrece baja calidad de servicios, trámites costosos y fiscalización discrecional, trabajadores y empresas optan por operar al margen como forma de supervivencia o de reducción de riesgo. El Banco Mundial lo sintetizó en una idea clave: la informalidad combina “exit” y “exclusion”; parte de la población queda fuera por barreras, y otra parte se va porque percibe que el contrato con el Estado no compensa. Segundo, el incentivo de costos de cumplimiento: para unidades pequeñas, formalizarse puede implicar costos fijos (contabilidad, registros, inspecciones, tiempo) que pesan desproporcionadamente. Tercero, el incentivo de enforcement selectivo: si casi todos son sancionables por algún requisito, la regulación se vuelve un mercado de discrecionalidad y la legalidad un privilegio intermitente, no un estándar.
El resultado macro es que recaudar se vuelve estructuralmente caro: no solo por falta de voluntad, sino por falta de trazabilidad económica. En varios países, una fracción importante de la producción ocurre informalmente; Loayza estimó para el país mediano de América Latina alrededor de 40% del PIB producido en la informalidad (medición y supuestos mediante modelos e indicadores). Con una economía así, la autoridad tributaria no compite contra “evasores” individuales, compite contra un ecosistema de pagos en efectivo, cadenas de subcontratación y microempresas que no pueden absorber el costo de volverse plenamente visibles.
¿Cómo impacta esto en seguridad, justicia y servicios? En seguridad, la informalidad multiplica zonas grises: actividades económicas sin contratos ni registros tienden a resolver conflictos por vías privadas, a veces violentas, porque el acceso a justicia formal es lento o costoso. En justicia, la informalidad erosiona el “piso común” de derechos: quien trabaja informalmente suele tener menos protección laboral, menos acceso a seguridad social y más vulnerabilidad a extorsión o abuso, no por falta de derechos escritos, sino por falta de capacidad real para activarlos. En servicios públicos, se crea un círculo vicioso: el Estado recauda poco y recaudar le cuesta mucho; con recursos limitados presta servicios de baja calidad; esa baja calidad refuerza la idea de que “no vale la pena” formalizarse; y el ciclo se cierra como una profecía institucional.
En el fondo, la informalidad es una forma de dependencia interna: no solo dependencia del exterior, sino dependencia de arreglos domésticos donde la supervivencia se organiza fuera del Estado y la autoridad se administra por excepción. Romper ese equilibrio requiere más que “fiscalización”: exige rediseñar el contrato social con capacidades estatales creíbles, trámites proporcionalmente viables, protección efectiva y servicios que vuelvan racional la permanencia dentro del sistema. Si no cambia esa infraestructura, la informalidad seguirá siendo lo que hoy es en gran parte de la región: no un desvío marginal, sino el modo normal de funcionamiento.
Referencias
Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). Dependency and development in Latin America. University of California Press.
International Labour Organization. (2025, 11 diciembre). Employment holds steady in Latin America and the Caribbean; informality remains high. ILO.
Loayza, N. V. (2009). Informality in Latin America and the Caribbean (Policy Research Working Paper). World Bank.
Mahoney, J. (2010). Colonialism and postcolonial development: Spanish America in comparative perspective. Cambridge University Press.
Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). Informality: Exit and exclusion. World Bank.
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