NACIÓN INFORMADA

La intervención pública suele imaginarse como ley dura: prohibir, sancionar, subsidiar, regular. Los nudges —“empujones” conductuales— prometen otra cosa: modificar decisiones sin prohibir opciones, diseñando el entorno para que la elección “correcta” sea más probable. Es la idea del paternalismo libertario: mantener libertad formal mientras se guía el comportamiento hacia resultados socialmente deseables.

El atractivo es evidente. Si la gente procrastina, subestima riesgos o responde a señales mal diseñadas, ¿por qué no “arreglar” el contexto? Thaler y Sunstein popularizaron el enfoque con ejemplos clásicos: inscripción automática a pensiones, recordatorios, opciones predeterminadas, etiquetados, simplificación de trámites. El problema es que el nudge no es solo una técnica de diseño; es una forma de poder blando. Y como todo poder, exige pregunta ética y estándar de evidencia.

Qué sesgo se pretende corregir y con qué evidencia

Un nudge serio parte de una premisa verificable: existe un sesgo o fricción que desplaza decisiones en contra del interés de la persona o del bienestar colectivo. Los sesgos más invocados son conocidos: inercia y preferencia por el status quo, descuento del futuro, aversión a pérdidas, heurística de disponibilidad, sobrecarga cognitiva, y normas sociales mal percibidas.

Pero la trampa frecuente es convertir “sesgo” en comodín retórico. El diseño conductual responsable exige evidencia de tres niveles:

1. Diagnóstico: demostrar que el problema no es falta de recursos, sino un patrón conductual sensible al contexto. Si el obstáculo real es que no hay clínicas, empleo o internet, un nudge puede convertirse en maquillaje.

2. Mecanismo: especificar qué sesgo se activa y por qué el cambio de arquitectura de elección debería mover conducta. Aquí el lenguaje importa: no basta “concientizar”; se requiere hipótesis conductual explícita.

3. Evaluación: medir impacto con diseños robustos (idealmente experimentos o cuasiexperimentos), con indicadores de resultado, no solo de actividad. Un recordatorio puede aumentar clics sin aumentar vacunación; una simplificación puede aumentar registros sin mejorar continuidad.

Sunstein, en su defensa posterior del enfoque, insiste en el principio de proporcionalidad: nudges transparentes, basados en evidencia, revisables, y preferiblemente orientados a fines amplios como salud, seguridad o ahorro, no a manipulación política. Esa defensa es útil, pero no resuelve el núcleo: quien diseña el nudge decide qué cuenta como “mejor”.

Quién define el “bien” y cómo se audita el impacto

El paternalismo libertario se vuelve polémico por una pregunta filosófica simple: si no se prohíbe nada, ¿dónde está el problema? El problema está en la asimetría. La arquitectura de elección define defaults, orden de opciones, fricciones, lenguaje, saliencia. Eso puede ser benévolo o estratégico. Y la persona común rara vez ve el diseño como decisión política: siente que “eligió”.

Aquí aparecen tres dilemas éticos estructurales:

• Autonomía y transparencia
  Si la intervención depende de que el ciudadano no note el empujón, la intervención se acerca a manipulación. La ética mínima exige transparencia: que la persona pueda saber que hay un diseño y pueda evitarlo sin castigo.

• Legitimidad democrática
  ¿Quién define el objetivo? En políticas públicas, la legitimidad no es solo eficacia. Un nudge puede ser muy efectivo para reducir consumo de azúcar o aumentar pagos puntuales, y aun así ser problemático si el fin no fue deliberado democráticamente o si encubre recortes (“te nudgeo” porque no puedo darte un servicio robusto).

• Equidad y sesgos del propio diseñador
  Los nudges pueden funcionar mejor en grupos con más capital cultural o acceso digital, y fallar en grupos vulnerables. Además, el diseñador también tiene sesgos: puede sobredimensionar qué es “racional”, imponer normas de clase media, o culpabilizar al individuo por fallas estructurales.

Por eso la auditoría del nudge no puede limitarse a “subió la tasa”. Debe preguntar: ¿a quién benefició, a quién dejó fuera, qué costos ocultos generó, qué efectos no intencionales produjo?

Cuando el nudge sustituye política

El uso más problemático de nudges no es cuando son intrusivos, sino cuando son sustitutos baratos de políticas estructurales. En salud pública, por ejemplo, hay nudges útiles (recordatorios, defaults, etiquetas claras), pero su impacto es limitado si el entorno está saturado de publicidad agresiva, alimentos ultraprocesados baratos y servicios preventivos insuficientes. En seguridad vial, el diseño de señales y defaults puede ayudar, pero no reemplaza infraestructura y cumplimiento. El riesgo es que el Estado se vuelva experto en microintervenciones mientras abandona reformas duras.

Una regla de calidad para nudges en gobierno

Para que un nudge sea defendible, debería cumplir un “triple test”:

• Evidencia: demostrar mecanismo y efectividad en contexto comparable.

• Transparencia y reversibilidad: que la persona pueda entender y optar por otra ruta.

• Auditoría de equidad: medir impactos diferenciales y efectos no intencionales.

En síntesis: los nudges pueden ser herramientas valiosas, especialmente para reducir fricciones y corregir sesgos previsibles. Pero su atractivo técnico no debe ocultar su naturaleza política: son una forma de decidir por diseño. La pregunta final no es si funcionan, sino si son legítimos, auditables y complementan —en vez de reemplazar— la política pública que transforma condiciones materiales.

Referencias 

Sunstein, C. R. (2014). Why nudge? The politics of libertarian paternalism. Yale University Press.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.