Una grave acusación familiar vuelve a colocar bajo escrutinio público al diputado morenista Ricardo Ferro Baeza, aspirante a la coordinación municipal de Morena en San Miguel de Allende. Se trata del conflicto judicial con Crisanta Victoria Torres Breuer, viuda de su padre, José Luis Ferro de la Sota, quien denunció públicamente al legislador por presunta violencia económica y patrimonial, al acusarlo de negarse a entregarle una pensión mensual y un inmueble que asegura le corresponden por disposición testamentaria.
El caso fue expuesto ante medios de comunicación el 16 de abril de 2026. Acompañada de su abogado, Torres Breuer afirmó que desde hacía dos años existía una determinación judicial relacionada con una pensión mensual de 33 mil pesos y la entrega de un bien inmueble. Según su testimonio, el diputado, quien había sido designado albacea de los bienes de su padre, se había negado a cumplir con dichas obligaciones. En abril, la denunciante calculaba un adeudo acumulado de aproximadamente 792 mil pesos.
La mujer también acusó al legislador de obstaculizar el procedimiento mediante recursos legales y acciones judiciales contra ella y su representación jurídica. En su comparecencia ante medios manifestó temor a posibles represalias y solicitó la intervención de las autoridades para garantizar un trato imparcial. El conflicto adquirió así una dimensión pública que trasciende la disputa sucesoria, debido a la posición política y legislativa de uno de los involucrados.
Ferro rechazó las acusaciones. A través de documentos difundidos por la comunicación social de Morena en el Congreso de Guanajuato, sostuvo que no figuraba en el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios al 15 de abril de 2026 y argumentó que ya no desempeñaba el cargo de albacea. También se informó que promovió acciones legales por daño moral. Estas afirmaciones forman parte de su defensa y muestran que el alcance de sus obligaciones continúa siendo materia de controversia jurídica.
La reaparición del caso en la discusión política plantea un cuestionamiento sobre la congruencia entre el discurso público y la conducta personal de quienes aspiran a ejercer responsabilidades de mayor alcance. Aunque las acusaciones deben resolverse judicialmente y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad, la denuncia de una mujer adulta mayor que reclama derechos patrimoniales merece atención y esclarecimiento. Para Ferro, el asunto representa una controversia que difícilmente puede reducirse a una confrontación electoral mientras permanezcan pendientes las cuestiones jurídicas de fondo.
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