En abril de 2024, Bogotá, una ciudad de más de siete millones de habitantes rodeada de páramos y montañas lluviosas, empezó a racionar el agua por barrios. El embalse de Chingaza, que abastece a la mayor parte de la capital colombiana, había caído a niveles críticos tras meses de sequía asociados al fenómeno de El Niño. El racionamiento duró casi un año. Un año antes, en 2023, Montevideo vivió una situación aún más extrema: la peor sequía en más de 70 años obligó a la empresa estatal a mezclar agua salobre del Río de la Plata en la red, y durante semanas el agua del grifo superó los límites recomendados de sodio. En 2024, la Ciudad de México vio cómo el sistema Cutzamala, que aporta cerca de una cuarta parte de su agua, descendía a mínimos históricos, mientras se viralizaban advertencias sobre un supuesto "día cero".
América Latina es, paradójicamente, la región con más agua dulce por habitante del mundo. Pero sus ciudades enfrentan crisis recurrentes. El problema no es solo la cantidad de lluvia, sino una combinación de factores: urbanización acelerada, cuencas degradadas, sobreexplotación de acuíferos, infraestructura envejecida y un cambio climático que hace más frecuentes y extremas las sequías.
Uno de los datos más reveladores es el del "agua no contabilizada": la que se pierde por fugas, conexiones ilegales y errores de medición antes de llegar a los usuarios. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en muchas ciudades latinoamericanas esa proporción ronda el 40 %. En la Ciudad de México, las autoridades han reconocido pérdidas de magnitud similar en su red. Es decir, casi la mitad del agua que se capta, se potabiliza y se bombea, con un enorme costo energético y económico, nunca llega a una llave.
Las respuestas de política pública muestran distintos enfoques. Uno es la gran infraestructura: nuevos embalses, acueductos o plantas desalinizadoras. Uruguay debatió tras la crisis un proyecto para tomar agua del Río de la Plata, criticado por su costo y su impacto ambiental. Otro enfoque pone el acento en la gestión de la demanda y la eficiencia: reparar fugas, instalar medidores, establecer tarifas que incentiven el ahorro y proteger a los hogares de bajos ingresos con tarifas sociales. Un tercero apuesta por la naturaleza: conservar páramos, bosques y humedales que regulan el ciclo del agua. Fondos de agua como los de Quito o Bogotá financian desde hace años la protección de cuencas con aportes de empresas y usuarios urbanos.
El debate tiene también una dimensión de equidad. Durante las crisis, los barrios pobres y periféricos suelen ser los primeros en quedarse sin servicio y dependen de camiones cisterna, a menudo más caros por litro que el agua de la red. En la Ciudad de México, millones de personas no reciben agua todos los días. Al mismo tiempo, algunos sectores, como la agricultura de exportación o ciertas industrias, consumen grandes volúmenes con tarifas muy bajas o con concesiones poco transparentes.
Los especialistas coinciden en que la solución no pasa por una sola gran obra, sino por gobernar mejor el agua: planificar por cuencas y no por fronteras administrativas, invertir de forma constante en mantenimiento, transparentar quién usa cuánta agua y prepararse para sequías que serán cada vez más frecuentes. Las crisis de Bogotá, Montevideo y Ciudad de México no fueron accidentes aislados, sino advertencias de lo que puede volverse la norma.
Fuentes: Alcaldía de Bogotá; Obras Sanitarias del Estado (OSE, Uruguay); Comisión Nacional del Agua (Conagua, México); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); National Geographic; El Salto; France 24; La República.
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