En noviembre de 2003, miles de georgianos irrumpieron en el Parlamento de Tiflis con rosas en las manos para protestar contra unas elecciones fraudulentas. El presidente Eduard Shevardnadze, exministro de Exteriores soviético, dimitió sin que se disparara un solo tiro. La "Revolución de las Rosas" inauguró una ola de movilizaciones en el antiguo espacio soviético que la prensa bautizó como "revoluciones de colores". Dos décadas después, Georgia vuelve a ser escenario de protestas masivas, pero esta vez el desenlace es muy distinto.
Las revoluciones de colores compartieron un patrón. Tras elecciones consideradas fraudulentas, coaliciones opositoras, organizaciones juveniles y observadores electorales movilizaron a miles de personas en protestas pacíficas y prolongadas, hasta forzar la salida de los gobernantes o la repetición de los comicios. A la de Georgia siguieron la Revolución Naranja de Ucrania en 2004, que obligó a repetir unas elecciones presidenciales manipuladas, y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005. Las politólogas Valerie Bunce y Sharon Wolchik describieron este fenómeno como un "modelo electoral" de cambio político, que se difundía de un país a otro a través de activistas que compartían tácticas.
Para el Kremlin, en cambio, estas revoluciones no fueron expresiones populares, sino operaciones orquestadas por Occidente para extender su influencia en el patio trasero de Rusia. Esa lectura ha guiado buena parte de la política exterior rusa desde entonces y se reforzó con las protestas del Euromaidán en Ucrania en 2014, que derrocaron al presidente prorruso Víktor Yanukóvich y fueron seguidas por la anexión rusa de Crimea. En respuesta, Rusia y otros gobiernos de la región aprobaron leyes de "agentes extranjeros" para controlar a las organizaciones financiadas desde el exterior.
Georgia muestra cómo ese ciclo puede invertirse. El partido Sueño Georgiano, fundado por el multimillonario Bidzina Ivanishvili, gobierna desde 2012. En 2023 intentó aprobar una ley de agentes extranjeros inspirada en la rusa, pero la retiró tras multitudinarias protestas. En 2024 la aprobó de todos modos. En octubre de ese año ganó unas elecciones parlamentarias que la oposición y observadores internacionales denunciaron como irregulares, y en noviembre el gobierno anunció que suspendía hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, pese a que la gran mayoría de la población apoya el ingreso. Desde entonces, miles de personas han salido a las calles casi a diario durante más de un año, con banderas georgianas y europeas.
A diferencia de 2003, el gobierno no ha cedido. Ha respondido con gases lacrimógenos, cañones de agua, detenciones, multas elevadas y nuevas leyes sobre medios de comunicación y organizaciones financiadas desde el extranjero, que la oposición compara con las tácticas del Kremlin. La Unión Europea ha congelado parte de su apoyo y varios gobiernos occidentales han sancionado a funcionarios georgianos.
El caso georgiano ilustra una lección más amplia que los estudiosos de la resistencia civil, como Erica Chenoweth, han documentado: las campañas no violentas han perdido eficacia en las últimas décadas, en parte porque los gobiernos autoritarios aprendieron de las revoluciones de colores y desarrollaron estrategias para sobrevivir a ellas, desde el control de los medios hasta la criminalización de la sociedad civil. La pregunta que queda abierta en Tiflis es si la persistencia de las calles puede todavía cambiar el rumbo de un país, o si la era de las revoluciones de colores ha quedado atrás.
Fuentes: Euronews (mayo de 2026); CNN Chile; El Orden Mundial; Voz de América; Bunce y Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries (2011); Chenoweth, Civil Resistance: What Everyone Needs to Know (2021).
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