En América Latina, buena parte de la política pública opera con una coartada moral que suena razonable: “si te apoyamos, tú también pon de tu parte”. En papel, es corresponsabilidad; en la práctica, muchas veces es otra cosa: una fábrica de culpables. Problemas estructurales —salud precaria, empleo informal, violencia, baja denuncia— se rediseñan como fallas individuales: “no se cuida”, “no se esfuerza”, “no denuncia bien”. El Estado no siempre resuelve el problema; a menudo redistribuye la culpa para que el sistema quede absuelto.
La literatura de deservingness lo anticipó hace décadas. Van Oorschot mostró que el apoyo público a políticas sociales se filtra por criterios morales: control (si la persona “es responsable” de su situación), actitud (si “se porta bien”), reciprocidad (si “aporta”), identidad (si “es de los nuestros”) y necesidad. No son principios escritos en la ley; son heurísticas sociales que terminan codificándose en diseño institucional. Cuando una política se construye alrededor de estas pruebas morales, deja de preguntar “¿qué condiciones estructurales produjeron el daño?” y empieza a preguntar “¿qué hizo mal esta persona para merecerlo?”.
Ese giro moral tiene una forma contemporánea muy clara: la política conductual mal aplicada. Chater y Loewenstein advirtieron sobre el “i-frame”: intervenciones que enfocan el problema en el individuo y desplazan el “s-frame”, es decir, reformas sistémicas (regulación, infraestructura, mercado laboral, servicios públicos). La consecuencia es doble: resultados modestos y una narrativa oficial que termina culpando a la gente por fallas estructurales. No es un debate filosófico: es diseño. Si el Estado decide que la pobreza es “falta de hábitos” y no “falta de oportunidades”, entonces la herramienta no será crear empleo formal o mejorar servicios, sino corregir conducta.
En América Latina, el laboratorio más visible de esta moralización han sido las transferencias monetarias condicionadas. CEPAL las documenta como programas de “corresponsabilidad”: el apoyo se amarra al cumplimiento de conductas (asistencia escolar, controles de salud, talleres). El punto controversial no es negar que la salud preventiva o la escuela importen; el punto es lo que el diseño comunica: que el problema principal es la conducta de los pobres, no la estructura que les asigna servicios insuficientes, mercados laborales informales y tiempos de traslado imposibles.
Los efectos morales aparecen en la interacción cotidiana. Un estudio sobre Oportunidades/Prospera en Puebla describe cómo la condicionalidad produce relaciones constantes y obligatorias con personal de salud y operadores en primera línea, donde se negocian categorías y se refuerzan jerarquías. Y cuando la política se vive como vigilancia, el estigma deja de ser “efecto secundario” y se vuelve mecanismo: un artículo sobre transferencias condicionadas en la región discute el estigma clientelar asociado a estos programas, precisamente porque el acceso se interpreta socialmente como favor, disciplina o “merecimiento”.
Aquí entra el dato duro que rara vez se discute en clave institucional: las políticas punitivas no solo “incentivan”; también expulsan. Una revisión de alcance sobre sanciones a beneficiarios (94 estudios, 253 medidas de resultado) encuentra que las sanciones pueden aumentar salidas de beneficios, pero también se asocian con impactos más amplios y riesgos, y la evidencia sobre efectos deseables sostenidos es, como mínimo, conflictiva según tipo de programa y contexto. El mensaje político es inquietante: el sistema puede “mejorar” su métrica reduciendo beneficiarios, no reduciendo pobreza. La política “funciona” porque castiga, no porque resuelve.
Por eso esta nota no es el cliché de “activismo de redes” ni la queja moral de “el gobierno es malo”. Es una afirmación medible: cuando el diseño institucional premia el cumplimiento individual pero no cambia las condiciones estructurales, la política pública puede convertirse en un dispositivo de culpabilización. La culpa circula hacia abajo; la responsabilidad sistémica se diluye hacia arriba. El problema social no desaparece: cambia de nombre. De “falla de sistema” a “falla de persona”.
El impacto sobre seguridad y justicia es igual de claro. Si la política de denuncia se diseña como pedagogía punitiva (“denuncia bien”, “trae pruebas”, “no te equivoques en el formato”), el fracaso institucional se reetiqueta como “falta de colaboración ciudadana”. Y así se produce el cierre perfecto: el Estado no queda como incapaz; queda como “exigente”. La víctima no queda como víctima; queda como “insuficiente”.
La salida no es romantizar al individuo ni abolir toda condicionalidad. Es rediseñar el centro de gravedad: menos políticas que administran moral y más políticas que administran capacidad. Menos pruebas de merecimiento y más garantías de acceso; menos castigo por incumplimiento y más eliminación de barreras reales (servicios disponibles, horarios, transporte, cuidado infantil, trámites). Mientras no se haga ese giro, la política pública seguirá produciendo un tipo de “éxito” barato: el éxito de haber encontrado a quién culpar.
Referencias
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Blesse, S., & Seeleib-Kaiser, M. (2025). Welfare conditionality in the OECD and in Latin America (IZA Discussion Paper No. 17869). Institute of Labor Economics (IZA).
Chater, N., & Loewenstein, G. (2022). The i-frame and the s-frame: How focusing on individual-level solutions has led behavioral public policy astray. Behavioral and Brain Sciences.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s. f.). Conditional cash transfer programmes: The recent experience in Latin America and the Caribbean. Naciones Unidas.
Meuleman, B., Roosma, F., & Abts, K. (2020). Welfare deservingness and welfare policy preferences: The CARIN deservingness principles scale. Social Science Research, 85, 102352.
Pattaro, S., Sutherland, H., & de Agostini, P. (2022). The impacts of benefit sanctions: A scoping review of the quantitative research evidence. Social Policy & Administration.
Ramírez, V., & Mata, F. (2021). Relationships in the implementation of conditional cash transfers: The provision of health in the Oportunidades-Prospera programme in Puebla, Mexico. Social Policy and Society.
Valverde, F. G. (2021). El estigma clientelar en las transferencias monetarias condicionales de Latinoamérica. Miríada: Investigación en Ciencias Sociales, 13(17), 321–342.
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