América Latina vive una paradoja incómoda: ciertas regulaciones progresistas pueden terminar aumentando desigualdad. No porque proteger sea malo, sino porque el costo de cumplir —permisos, estándares, certificaciones, inspecciones, abogados, tiempos— se vuelve una barrera que solo los grandes actores pueden pagar. El resultado es un patrón repetido: menos competencia, precios más altos, más informalidad y, al final, una ciudadanía dividida entre quienes pueden operar “en regla” y quienes quedan expulsados del mercado formal.
Hernando de Soto lo ilustró con un experimento que se volvió símbolo de este problema: en Lima, medir cuánto tardaba abrir legalmente un pequeño negocio arrojó 289 días, y el costo podía alcanzar 31 veces el salario mínimo mensual promedio. El punto no es nostalgia ochentera: es la lógica estructural. Cuando la entrada al juego exige meses de trámites y costos fijos altos, la “legalidad” se convierte en un club. Y los clubes, por definición, son excluyentes.
La regulación progresista suele justificarse con razones defensables: higiene, seguridad, derechos laborales, protección ambiental, calidad de servicio, combate al abuso. El problema aparece cuando la arquitectura regulatoria está diseñada como si todos los actores tuvieran el mismo músculo administrativo. Una gran cadena puede sostener departamentos de cumplimiento, consultores y auditorías; una microempresa —la unidad típica de supervivencia urbana en la región— no. Ahí la justicia se vuelve regresiva: no castiga al poderoso; castiga al pequeño por no poder pagar el “derecho de entrada”.
La evidencia comparada sobre regulación de entrada va en la misma dirección. Djankov y coautores, con datos de 85 países, encontraron que donde la regulación de entrada es más pesada (más procedimientos, tiempo y costo oficial), tienden a existir economías informales más grandes y mayor corrupción, sin que eso se traduzca en mejor calidad de bienes públicos o privados. La conclusión es políticamente explosiva: una regulación densa puede funcionar menos como protección ciudadana y más como mecanismo de renta y control de incumbentes.
En América Latina, esta trampa es especialmente visible porque la informalidad no es marginal: es masiva y persistente. El Banco Mundial, en su estudio regional sobre informality, trata la informalidad como un fenómeno de exclusión y de costos de cumplimiento que empujan a personas y firmas fuera del marco legal, con efectos sobre productividad, protección social y desigualdad. Cuando el cumplimiento es caro, la “solución” que produce el sistema es predecible: o te vuelves informal, o te vuelves empleado precario, o abandonas el mercado; mientras tanto, los grandes consolidan participación.
Lo controversial aquí no es atacar la regulación, sino atacar la ilusión moral de que “regular” es automáticamente “igualar”. En la práctica, muchas reglas operan como filtros: elevan el piso… pero también elevan el umbral de entrada. Y cuando el umbral sube, la competencia cae y los precios pueden subir; además, crece la tentación de operar fuera de la norma. La OCDE ha advertido sobre este cóctel en economías emergentes de la región: informalidad persistente y competencia débil se refuerzan, y simplificar cargas y licencias puede ser condición para formalizar y competir.
Ejemplos latinoamericanos sobran y no son “anécdota”, son diseño institucional: permisos municipales que vuelven inviable abrir un pequeño restaurante sin gestor; inspecciones con criterios opacos que empujan al “arreglo”; estándares pensados para grandes plantas aplicados a productores chicos; requisitos de facturación y nómina que expulsan a microservicios; regulaciones de transporte o comercio que, en nombre del orden, blindan a incumbentes. El discurso público lo narra como “incumplimiento” o “cultura de la trampa”; la lectura estructural es otra: cuando cumplir es prohibitivo, la norma fabrica informalidad.
La discusión madura no es “menos regulación” vs “más regulación”. Es mejor regulación: estándares proporcionales al tamaño del actor, rutas de formalización por etapas, inspecciones con trazabilidad, ventanillas únicas reales, costos transparentes, y evaluación de impacto competitivo antes de aprobar nuevas obligaciones. Si no se corrige el sesgo de diseño, la regulación progresista corre el riesgo de volverse un teatro de justicia: moralmente correcta en el papel, socialmente regresiva en el mercado.
Referencias
Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1–37. https://doi.org/10.1162/003355302753399436
International Monetary Fund. (2003). People in Economics: Hernando de Soto. Finance & Development.
Partnership for Public Service & World Bank Group. (2017). Doing Business 2017: Equal opportunity for all (foreword reference to de Soto’s 289 days). World Bank.
World Bank. (2007/2009). Informality in Latin America and the Caribbean (study on causes and consequences of informality). Open Knowledge Repository.
OECD. (2019/2020). Informality and weak competition: A deadly cocktail for growth and equity in emerging Latin America (blog/column)
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