Gobernanza paralela y el impuesto informal del territorio

En buena parte de América Latina, la pregunta ya no es solo si el Estado “combate” al crimen organizado, sino qué ocurre cuando la ilegalidad empieza a gobernar. No gobierna como Estado —no legisla con constituciones—, pero sí regula, recauda y sanciona en espacios donde la autoridad pública es intermitente. El resultado es una gobernanza paralela: un orden práctico que administra seguridad, cobros y normas sociales mediante coerción selectiva, protección condicionada e impuestos informales.

Tilly planteó una tesis incómoda para la sensibilidad contemporánea: la formación del Estado moderno puede leerse como la consolidación de organizaciones que monopolizan la coerción y, al hacerlo, convierten “protección” en una forma de extracción. El punto no es equiparar Estado y mafia como si fueran idénticos; es reconocer el mecanismo: quien puede ejercer violencia y administrar protección puede cobrar por ello. Cuando el Estado no logra monopolizar la coerción en un territorio, aparece competencia por ese monopolio: actores armados que venden seguridad, orden y “justicia” en paralelo.

Gambetta, al estudiar la mafia siciliana, describe la protección como un “servicio” ofrecido en contextos de baja confianza y débil cumplimiento de contratos. Donde el Estado no garantiza que los acuerdos se cumplan, emerge un intermediario que impone credibilidad por fuerza: resuelve disputas, define quién puede operar, castiga deslealtades y cobra por reducir incertidumbre. Ese modelo ayuda a leer una parte del fenómeno latinoamericano: la ilegalidad no solo trafica; administra.

Qué mercados financian la coerción

La coerción cuesta: armas, personal, inteligencia, logística, sobornos, control social. Para financiarla se requieren mercados con flujo constante y capacidad de extracción. No se trata únicamente de drogas. En muchos contextos, la economía coercitiva se diversifica hacia:

• Mercados ilícitos de alta rentabilidad (drogas, trata, contrabando, extracción ilegal de recursos).

• Economías locales capturables (transporte, construcción, abasto, comercio informal, eventos, seguridad privada).

• Rentas de control territorial: la clave no es el producto, sino el “derecho a operar”. Ahí aparecen cuotas, cobros por piso, “permisos” de facto, sanciones por incumplimiento y monopolios impuestos.

Este punto es central: cuando el control territorial se consolida, el grupo armado no depende de un solo mercado; convierte el territorio mismo en activo productivo. La violencia deja de ser episódica y se vuelve administrativa: se usa para cobrar, disciplinar y asegurar lealtades, no solo para “pelear”.

Impuestos informales y administración del miedo

El “impuesto” ilegal no se percibe siempre como robo; a veces se percibe como costo normalizado para operar. Esa normalización es parte del poder: la cuota se vuelve rutina, y la excepción —no pagar— se vuelve riesgo. La coerción se dosifica para producir obediencia eficiente: castigos ejemplares, amenazas creíbles, arbitrariedad suficiente para mantener incertidumbre.

En términos de gobernanza, este impuesto informal cumple tres funciones:

1. Financia la organización coercitiva.

2. Mapea el territorio (quién produce, quién vende, quién se mueve, quién puede ser reclutado).

3. Ordena relaciones: define jerarquías, permisos, “zonas”, horarios, mercados, incluso normas morales locales.

Arreglos informales que sostienen la convivencia Estado–ilegalidad

La coexistencia entre Estado e ilegalidad rara vez es una guerra total permanente. En muchos lugares se sostiene por arreglos informales: pactos tácitos, tolerancias, intercambios de información, administración de “líneas rojas” y, sobre todo, control de la visibilidad. La gobernanza paralela busca evitar el tipo de conflicto que atrae intervención masiva del Estado; el Estado, a veces, prioriza estabilidad aparente sobre control efectivo. El punto crítico es que esa convivencia no requiere que todos sean corruptos; requiere que el sistema tenga zonas grises suficientes para que la ilegalidad opere sin colapsar el orden.

Estos arreglos se sostienen por incentivos:

• Para actores públicos locales: reducir violencia abierta, evitar crisis políticas, proteger carrera, gestionar escasez de recursos.

• Para actores ilegales: operar con menor fricción, estabilizar rentas, reducir incertidumbre, evitar despliegues disruptivos.

• Para comunidades: sobrevivir. Donde el Estado no garantiza seguridad ni justicia, el costo de resistir puede ser mayor que el costo de adaptarse.

Por qué esto importa para el Estado

La consecuencia más corrosiva no es solo el delito, sino la transformación de la autoridad. Cuando la población aprende que la seguridad depende de pagar cuota y no de derechos; que la justicia depende de intermediarios y no de tribunales; que el permiso real lo otorga un actor armado y no una institución, el Estado pierde algo más que control territorial: pierde credibilidad como organizador de la vida social.

La lectura constructiva exige abandonar dos simplificaciones. La primera: creer que el problema es solo “más fuerza”. La segunda: pensar que todo se explica por corrupción individual. La gobernanza paralela es una arquitectura de incentivos y capacidades: mercados que financian coerción, vacío de protección efectiva, y reglas informales que normalizan convivencia. Si no se interviene esa arquitectura —capacidad estatal, justicia funcional, protección no extorsiva, economías legales viables— la ilegalidad seguirá produciendo lo que mejor sabe producir: orden para algunos, miedo para todos, y un impuesto que nunca pasa por presupuesto.

Referencias (APA 7)

Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The business of private protection. Harvard University Press.

Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. En P. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in (pp. 169–191). Cambridge University Press.