Desde la retórica oficial que celebra “participación ciudadana” hasta el consejo resignado de “mejor ni te metas”, América Latina convive con una desigualdad menos visible que la de ingresos: la desigualdad de riesgo. No todos pagan el mismo precio por alzar la voz. A veces, el castigo real no es ser pobre; es intentar dejar de serlo: denunciar, exigir, litigar, organizarse, sindicalizarse. Reclamar derechos activa sanciones informales que casi nunca aparecen en el expediente, pero sí en la vida: vetos, estigmas, represalias laborales, hostilidad burocrática, y una administración que convierte la perseverancia en agotamiento.
Albert O. Hirschman ofreció un lente útil para entender este fenómeno: “voice vs. exit”. Cuando un servicio o institución falla, las personas pueden salir (irse, desistir, resignarse) o pueden alzar la voz (quejarse, reclamar, intentar corregir). El problema es que en muchos entornos latinoamericanos, el sistema está diseñado para hacer que “voice” sea caro y que “exit” sea la opción racional. No hace falta prohibir el reclamo: basta con encarecerlo.
Ese encarecimiento ocurre por tres vías.
La primera es burocrática: reclamar implica navegar instituciones con tiempos, requisitos y discrecionalidad que funcionan como filtro. En México, por ejemplo, el propio diagnóstico comparado sobre justicia cotidiana muestra la magnitud de la demanda: el World Justice Project reportó que 49% de las personas experimentaron un problema legal en los dos años previos a su medición, pero la capacidad para resolverlos es limitada y desigual. Cuando exigir se vive como laberinto, la desigualdad no solo es “no tener derecho”: es no poder sostener el costo de activarlo.
La segunda vía es el castigo en el trabajo. La represalia rara vez se anuncia como tal; se disfraza de “bajo desempeño”, “restructura”, “no encaja”, “ya no hay vacante”. Y cuando el camino formal es lento, la sanción se vuelve más efectiva. Un diagnóstico del J-PAL sobre litigio laboral en México describe que, aunque la ley marca plazos breves, en la práctica los juicios pueden enfrentar rezagos de hasta cuatro años en algunos tribunales. Cuando reclamar te deja años en incertidumbre, el mensaje social es claro: tu derecho existe, pero te costará estabilidad.
La tercera vía es legal y reputacional: demandar o denunciar puede activar mecanismos de silenciamiento “legales”, como las SLAPPs (demandas estratégicas contra participación pública). En América Latina, el Business & Human Rights Resource Centre identificó 149 casos con rasgos de SLAPP desde 2015 impulsados por actores empresariales contra defensores de derechos y ambiente; 139 incluyen denuncias penales, frecuentemente por difamación u otras figuras similares. El punto no es ganar el juicio: es subir el costo de hablar, drenar tiempo, dinero y salud mental. Es castigo por reclamar, administrado con papeles.
Aquí entra la parte más incómoda: muchas personas creen que “exigir” es una cuestión de valentía individual. La sociología del derecho lo discute como legal consciousness: cómo la gente interpreta la ley, si la percibe como herramienta, amenaza o teatro. Cuando el entorno enseña que reclamar trae represalia, la cultura legal se vuelve defensiva. Se aprende a no denunciar, a no firmar, a no organizarse. El resultado político es devastador: la rendición de cuentas “desde abajo” no fracasa por falta de razones, sino por exceso de costo.
Y ese costo produce una estadística silenciosa: no de pobreza, sino de desistimiento. Mientras más riesgo implica alzar la voz, más gente opta por “exit”. Entonces el sistema parece estable: hay menos quejas formales, menos litigios visibles, menos “conflicto”. Pero esa calma es engañosa: es orden por desaliento.
La desigualdad de riesgo por exigir explica por qué cambian gobiernos y, aun así, se conserva una misma sensación social: la ley existe, pero reclamarla sale caro. Para romper ese ciclo no basta con campañas de “denuncia”. Se necesita diseño institucional: protección real contra represalias, simplificación procesal que reduzca desgaste, transparencia en trámites, tiempos verificables, sanción a la burocracia hostil, y mecanismos colectivos (defensorías, litigio estratégico, sindicatos auténticos) que bajen el costo individual de la voz. En política pública, la variable decisiva no es solo “qué derechos están escritos”, sino cuánto castigo activa el intento de ejercerlos.
Referencias
Business & Human Rights Resource Centre. (2024). SLAPPs in Latin America: Strategic lawsuits against public participation (briefing).
Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.
World Justice Project. (2018). Half of Mexicans experience legal problems, only 1 in 4 seek adequate help (Access to Justice, Mexico).
Poverty Action Lab (J-PAL). (s. f.). Impact of customized information and mediation on labor court settlement rates in Mexico (context note on backlogs/delays).
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