Desde la teoría democrática hasta la cultura pop, se repite una idea tranquilizadora: el poder abusa cuando golpea, dispara o encarcela; cuando hay violencia visible, hay dominación. Esa fábula —cómoda porque permite identificar al villano por su estruendo— oculta un mecanismo más silencioso y más constante: la administración del tiempo. En buena parte de América Latina, el control social no siempre necesita coerción física. Puede operar con requisitos, citas imposibles, filas, plazos opacos y discrecionalidad. El trámite como disciplina: una pedagogía cotidiana que enseña cuánto vale reclamar y cuánto cuesta insistir.
La burocracia moderna suele venderse como racionalidad: reglas impersonales, procedimientos estandarizados, igualdad ante la ventanilla. Sin embargo, la política real ocurre en la frontera donde esas reglas se vuelven experiencia. Michael Lipsky lo llamó street-level bureaucracy: el mundo de quienes implementan políticas “a nivel calle”, bajo presión de carga de trabajo, recursos escasos y reglas ambiguas. Ahí, la norma deja de ser texto y se convierte en práctica: quién entra, quién espera, quién vuelve tres veces y quién abandona.
En los últimos años, la ciencia política y la administración pública han afinado un concepto que permite nombrar lo que antes quedaba en anécdota: carga administrativa (administrative burden). Donald Moynihan, Pamela Herd y Hope Harvey la definen como el conjunto de costos que una persona paga al interactuar con el Estado: costos de aprendizaje (entender qué se pide), de cumplimiento (tiempo, traslados, documentos, dinero) y psicológicos (estrés, estigma, humillación). La hipótesis es tan simple como corrosiva: un Estado puede restringir acceso sin negar derechos; basta con elevar el precio de ejercerlos.
Conviene poner números, porque el mito del trámite “solo molesto” vive de la falta de cuantificación. En promedio, las empresas en América Latina y el Caribe reportan que la alta dirección dedica 13% de su tiempo a lidiar con requisitos regulatorios: un impuesto de tiempo mayor que el de varias regiones comparables. En México, la cifra reportada en la Encuesta de Empresas del Banco Mundial (2023) ronda el 15.8% del tiempo de la alta dirección dedicado a cumplir regulaciones. En paralelo, la carga no se agota en “gestiones”: en el caso tributario, reportes comparativos globales estiman un promedio mundial cercano a 234 horas anuales para preparar, declarar y pagar impuestos en una empresa tipo; en América Latina y el Caribe, el mismo ecosistema de medición ha documentado promedios regionales históricamente mucho más altos (del orden de cientos de horas), incluso tras mejoras por digitalización.
Estos datos no son solo un lamento de productividad. Son una pista institucional: cuando el cumplimiento consume una fracción relevante de la semana directiva o semanas completas al año, el trámite deja de ser un procedimiento neutro y se vuelve una frontera social. Y esa frontera no se distribuye al azar. Quien tiene tiempo flexible, asesoría, conectividad, capital cultural burocrático y redes, atraviesa el laberinto. Quien trabaja al día, cuida a otros, vive lejos, no puede faltar, no tiene impresora, no entiende el lenguaje administrativo o teme ser maltratado, paga un costo desproporcionado. El trámite, entonces, funciona como un filtro de ciudadanía: no pregunta “¿tienes derecho?”, sino “¿puedes sostener el costo de probarlo?”.
El punto más incómodo —y el más polémico— es que este tipo de control puede operar sin necesidad de una orden explícita de excluir. La exclusión puede producirse por desistimiento. No hace falta negar un servicio si se logra que una parte de la población renuncie antes de llegar al final del proceso. En esa lógica, el Estado reduce demanda sin asumir el costo moral de decir “no”. La violencia administrativa no aparece como violencia porque es anticlimática: nadie grita, nadie dispara; solo se aplaza, se pide un papel más, se reprograma una cita, se “observa” un expediente, se manda a otra ventanilla.
¿Por qué este mecanismo persiste sin convertirse en escándalo permanente? Porque se vive como clima, no como evento. La mordida filmada o el abuso viral generan indignación; el laberinto cotidiano genera resignación. En términos comunicativos, es un primo del sesgo de disponibilidad: lo espectacular se recuerda y se debate; lo repetido se normaliza y se tolera. Y esa normalización enseña una lección política silenciosa: reclamar cuesta. No cuesta en abstracto, sino en horas perdidas, dinero de traslado, ansiedad acumulada y sensación de indefensión. La fila funciona como castigo sin sentencia.
Nada de esto significa que todo trámite sea perverso o que el Estado deba operar sin controles. Los controles existen por razones legítimas: recursos finitos, fraudes posibles, necesidad de orden. La discusión seria está en otra parte: cuáles fricciones son necesarias y cuáles son exceso; cuáles protegen el interés público y cuáles trasladan la incapacidad estatal hacia el ciudadano; qué cargas son proporcionales y cuáles se vuelven mecanismos de desigualdad. Ahí el debate deja de ser moralista y se vuelve institucional: medir tiempos, tasas de desistimiento, número de visitas, variación entre oficinas, requisitos redundantes, discrecionalidad real, y el daño social de la espera.
En términos políticos e ideológicos, hablar de “gobierno por desgaste” rompe una comodidad: obliga a mirar el poder donde menos épica tiene. También obliga a una pregunta de diseño democrático que sigue siendo vigente hoy y lo será en un año: si los derechos existen en papel pero su ejercicio exige pagar peajes de tiempo y humillación, ¿qué tipo de ciudadanía estamos administrando? La respuesta no está en repetir fábulas sobre “ineficiencia” o “corrupción” como insultos universales, sino en reconocer un hecho más duro: el Estado también gobierna cuando cansa.
Referencias:
Herd, P. (2023). Introduction: Administrative burden as a mechanism of inequality in policy implementation. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 9(5), 1–16. https://www.rsfjournal.org/content/9/5/1
Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 43–69. https://doi.org/10.1093/jopart/muu009
World Bank. (2014). Dealing with government in Latin America and the Caribbean (Enterprise Surveys Brief). World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/740181468299149446/pdf/922830BRI0Box30th0Government0in0LAC.pdf
World Bank. (2023). Mexico: Enterprise Surveys—Country profile 2023. World Bank Enterprise Surveys. https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/country/Mexico-2023.pdf
World Bank Group & PricewaterhouseCoopers. (2019). Paying Taxes 2020. World Bank Group. https://archive.doingbusiness.org/en/reports/thematic-reports/paying-taxes-2020
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