Plataformas, datos y trabajo: la reorganización silenciosa del poder

Durante décadas, el conflicto clásico en el trabajo se describió con categorías visibles: salario, jornada, sindicato, patrón. Hoy, una parte decisiva del poder se mudó a un lugar menos obvio: la infraestructura digital que intermedia la vida cotidiana. Plataformas de transporte, delivery, comercio, publicidad, crédito, entretenimiento y empleo no solo conectan oferta y demanda; reorganizan quién ve, quién decide y quién se queda con el excedente. La política del siglo XXI no siempre se anuncia con decretos: se instala con términos y condiciones, ranking de reputación y una API.

La promesa es eficiencia: “solo somos intermediarios”. El efecto es gobernanza: la plataforma define reglas, sanciones, acceso, precios dinámicos, visibilidad y evaluación moral del usuario. Srnicek lo describe como capitalismo de plataformas: modelos de negocio que se sostienen en redes, datos y efectos de escala, y que convierten la infraestructura en posición dominante. La plataforma no compite solo por el mercado; compite por volverse el mercado.

La pregunta clave es: ¿quién captura valor? En este ecosistema, el valor ya no se extrae únicamente del tiempo de trabajo, sino de tres fuentes convergentes.

1) Datos como renta continua.

Zuboff plantea que el giro central es la extracción de “excedente conductual”: datos de comportamiento convertidos en predicción y, cada vez más, en modulación de conducta. No es solo “publicidad”; es un modelo que aprende, clasifica y optimiza decisiones ajenas. El dato se vuelve renta porque no se agota: se reutiliza, se cruza y se vende en nuevas capas (segmentación, scoring, atribución, targeting, automatización).

2) Comisiones como peaje privado.

Cuando una plataforma controla el acceso a demanda (clientes, tráfico, leads), puede cobrar comisiones como si fueran derecho de paso. A primera vista parece un servicio; en la práctica funciona como peaje: un costo permanente por existir dentro del circuito formal de consumo. Para el trabajador, esa comisión opera como una reducción salarial indirecta; para el pequeño negocio, como un impuesto privado por visibilidad.

3) Reputación como control disciplinario.

El ranking, las estrellas y la “calificación” parecen mecanismos neutrales de calidad. Pero en la práctica son un sistema de gobernanza algorítmica: determinan a quién se le asignan pedidos, a quién se le oculta, a quién se le “desactiva” y qué comportamientos son premiados. La reputación deja de ser opinión: se vuelve infraestructura de acceso. Y como el puntaje es sensible a sesgos (clientes, zonas, horarios, discriminación), el control se vuelve doble: económico y moral.

Aquí entra la segunda pregunta: ¿qué asimetrías informativas condicionan a usuarios y Estado? En la economía de plataformas, la información está radicalmente desbalanceada.

El usuario y el trabajador ven una interfaz; la plataforma ve un tablero completo: elasticidades de precio, mapas de demanda, riesgo de abandono, rendimiento por zona, propensión a comprar, tasa de respuesta, tiempos de entrega, perfiles de conducta. Esa asimetría permite tres formas de poder “silencioso”:

Poder de clasificación: quién aparece primero, quién desaparece, quién recibe “mejores viajes” o “mejores pedidos”.
Poder de reglas variables: cambios unilaterales en comisiones, prioridades, criterios de sanción, sin negociación simétrica.
Poder de opacidad justificable: el algoritmo como caja negra que convierte decisiones políticas (qué se premia, qué se castiga) en “decisiones técnicas”.

El Estado también queda condicionado. La “sociedad red” de Castells ayuda a entender por qué: la infraestructura informacional reconfigura soberanía práctica. Cuando la coordinación social se organiza en redes privadas transnacionales, el regulador llega tarde y con menos datos. La plataforma posee evidencia granular; el Estado, estadísticas agregadas. La plataforma puede auditar a sus trabajadores en tiempo real; la autoridad laboral suele inspeccionar por muestreo y con rezago. Esto no significa que el Estado sea impotente; significa que la disputa regulatoria se desplazó: ya no se trata solo de leyes, sino de acceso a datos, interoperabilidad, transparencia y capacidad técnica para fiscalizar sistemas.

En términos laborales, el efecto más controvertido es la “deslaboralización” por diseño: el trabajo existe, pero se reetiqueta como “colaboración” o “autoempleo” mientras se mantiene un control equivalente (asignación de tareas, estándares, sanciones, dependencia de la demanda). En términos fiscales, el riesgo es similar: valor económico se genera localmente, pero puede capturarse en estructuras de pago, publicidad y datos que no tributan donde ocurre el trabajo. En términos democráticos, el núcleo es inquietante: parte de la regulación cotidiana —qué es permitido, qué es riesgoso, quién merece visibilidad— se privatiza.

La reorganización silenciosa del poder no es una teoría conspirativa. Es un cambio de arquitectura: del poder visible (ley, salario, oficina) al poder infraestructural (datos, reputación, plataforma). Si se quiere gobernar ese nuevo terreno, la pregunta no es solo “¿qué hacen las plataformas?”, sino “¿qué condiciones hacen posible que gobiernen?”. Transparencia de criterios algorítmicos, auditorías independientes, derechos sobre datos, portabilidad de reputación, acceso regulatorio a información relevante, y reglas laborales coherentes con la realidad de control son puntos mínimos para que la red no sea solo un mercado, sino un espacio con límites democráticos.

Referencias

Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Polity Press.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.